“...Debe tenerse presente que, el término “propiedad”, en su uso particular, significa “...aquel poder que un hombre reclama y ejercita sobre las cosas externas del mundo, y que excluye a todos los otros individuos” (Artículo publicado en la National Gazette, el veintisiete de marzo de mil setecientos noventa y dos por el filósofo constitucional, James Madison).
En el sentido estrictamente civilista, el derecho de propiedad (o dominio) es: “...aquella relación jurídica por cuya virtud una cosa se encuentra sometida de modo completo a la acción de nuestra voluntad...”. (De Buen, Castán y Pérez González citados por Puig Peña en su obra Tratado de Derecho Civil Español, Tomo II. Volumen I. página setenta y cuatro). Las facultades que integran el dominio, según Aguiló y Bencosme Báez, son: “Facultades de libre disposición (enajenar, gravar, limitar, transformar y destruir); derecho de libre aprovechamiento (usar, disfrutar y abusar); (...) y derechos comunes o comprendidos en las situaciones anteriores (o sea la posesión excluyente y la facultad de reivindicar)” (Ver Artículo titulado Modificaciones al Derecho de Propiedad, publicado en la Revista de la Universidad Autónoma de Madrid, Edición julio - septiembre de mil novecientos sesenta y cinco, página sesenta y dos); dichas facultades modernamente sintetizamos en tres: usar, gozar y disponer.
En virtud del análisis anterior, al haberse demostrado con los documentos que se señalan como tergiversados, que el señor Sicán Pelén es el propietario del bien inmueble, se prueba también su legítimo derecho de disposición sobre el mismo, por lo que, la certificación emitida por el Registro de la Propiedad y el primer testimonio de la escritura pública, en realidad fueron considerados e interpretados de manera correcta, puesto que sí prueban el derecho de propiedad del inmueble y consecuentemente, el derecho a disfrutar de su posesión, por lo que, contrario a lo señalado por la recurrente, no existe la tergiversación señalada...”